Alfonso Reyes Echandía Agente Histórico

Historia autobiográfica

Nací en Chaparral, Tolima, en 1932. Mi formación no estuvo separada de las dificultades de la Colombia que me correspondió vivir. Las fuentes que reconstruyen mi trayectoria recuerdan que trabajé mientras estudiaba y que la violencia marcó parte de mi juventud. Con esfuerzo llegué a la Universidad Externado de Colombia, donde estudié Derecho y obtuve una beca que me permitió especializarme en Roma en Derecho penal y criminología.

A mi regreso al país hice de la universidad una parte esencial de mi vida. Enseñé durante años en el Externado y contribuí a crear espacios permanentes para estudiar las ciencias penales y criminológicas: un instituto especializado, una revista académica y las Jornadas Internacionales de Derecho Penal. Mi trabajo buscó comprender el delito y el Derecho no como asuntos aislados, sino conectados con la realidad social colombiana.

La Colombia de las décadas de 1970 y 1980 estaba atravesada por violencia, crisis social y tensiones profundas alrededor del orden público y la justicia. En ese contexto estudié problemas como el uso de la prisión y el narcotráfico. Planteé alternativas a la respuesta puramente carcelaria y sostuve que fenómenos complejos como el narcotráfico no podían enfrentarse únicamente mediante sanciones penales.

Mi vida también estuvo ligada al servicio público. Fui magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, integré una comisión de reforma del Código Penal, ejercí como viceministro de Justicia y llegué a la Corte Suprema de Justicia. Allí defendí, entre otros asuntos, que los delitos comunes atribuidos a miembros de la Policía debían ser conocidos por la jurisdicción ordinaria incluso en periodos de alteración del orden público. Para mí, la justicia debía ser soberana e imparcial y el poder debía encontrar límites en el Estado de derecho.

En noviembre de 1985, cuando presidía la Corte Suprema de Justicia, morí durante los acontecimientos del Palacio de Justicia. Ese hecho marca un límite temporal indispensable para esta reconstrucción: no viví la Séptima Papeleta, la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente ni la promulgación de la Constitución de 1991. Por eso no puedo atribuirme opiniones sobre decisiones que ocurrieron después de mi muerte.

Mi relación con el proceso constituyente debe explicarse, entonces, con precisión. No fui constituyente de 1991 ni participé en ese proceso. Lo que sí documentan las fuentes es que durante mi vida defendí la Constitución como fundamento y límite del poder punitivo, la independencia de la justicia, el Estado de derecho y las garantías jurídicas. Cualquier relación entre esas ideas y las transformaciones posteriores de 1991 debe presentarse como una interpretación histórica posterior, no como una predicción o una posición mía frente a esa Constitución.

Las fuentes posteriores describen mi legado en varias dimensiones: universitaria, científica, institucional y moral. Más que una imagen heroica, lo que esa documentación permite reconocer es una trayectoria dedicada a la enseñanza, al estudio crítico del Derecho, al servicio judicial y a la defensa de una justicia sometida a razones y garantías. Ese es el punto desde el cual esta experiencia histórica puede conversar conmigo sin convertir la historia en ficción.